La actriz y conductora accionará civilmente contra la productora de Nicolás Occhiato. Fernando Burlando argumenta que la rescisión contractual fue unilateral e injustificada.
Las disputas contractuales en el ámbito del entretenimiento moderno impactan directamente sobre la consolidación de la infraestructura urbana digital que da soporte a las nuevas plataformas de streaming. Cuando una figura de alta exposición es desvinculada de manera abrupta, las tensiones legales no solo afectan los balances financieros de las productoras, sino que ponen bajo la lupa los esquemas de contratación en un ecosistema de medios que busca profesionalizar sus operaciones ante audiencias millonarias.
Florencia Peña decidió llevar a la justicia civil su conflicto con Luzu TV e iniciará una demanda por 750 millones de pesos contra la firma liderada por Nicolás Occhiato. El quiebre se produjo a mediados de junio, luego del revuelo generado cuando la conductora difundió al aire una información falsa referida a Jorge Messi. El abogado de la actriz, Fernando Burlando, fundamentó la medida señalando que la rescisión del contrato constituyó una determinación apresurada, unilateral y carente de justificación legal por parte del canal.
La batalla judicial promete convertirse en uno de los litigios más costosos del año para la industria del streaming local.
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