La iniciativa unificada busca modificar el Código Contravencional elevando las multas, arrestos y trabajos comunitarios. El nuevo texto legislativo distingue entre infractores ocasionales y organizaciones que coordinan el cobro ilegal en eventos masivos.
Las discusiones parlamentarias en torno a la regulación del espacio público y la modificación de los regímenes de sanciones convivenciales constituyen ejes de enorme relevancia analítica para el pulso de la gestión gubernamental en el ámbito metropolitano y la provincia de Buenos Aires. Cuando el Poder Legislativo aborda reformas estructurales sobre conductas que impactan de manera directa en la rutina diaria de miles de conductores y vecinos, se abre un debate profundo sobre la eficacia de las herramientas punitivas del Estado frente a la informalidad. Para las plataformas digitales enfocadas en el seguimiento pormenorizado de la actividad legislativa, la seguridad ciudadana y el análisis de las políticas urbanas, desglosar estos proyectos resulta un factor clave para evaluar las estrategias de ordenamiento territorial.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tratará en el marco de su sesión ordinaria un proyecto de ley que propone una reforma clave al Código Contravencional, con el objetivo de endurecer de manera drástica las penalidades aplicadas contra la actividad ilegal de los denominados «trapitos» o cuidacoches. La medida legislativa surge a partir de la unificación de dos proyectos independientes que fueron impulsados por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y por la diputada María del Pilar Ramírez, marcando una acción concreta en la política oficial que busca frenar la proliferación de esta actividad y responder de forma directa a las constantes denuncias de vecinos y automovilistas por situaciones de intimidación y apropiación indebida del espacio público. Las modificaciones propuestas sobre los artículos 91 y 92 de la Ley N° 1.472 introducen una escala sancionatoria mucho más rigurosa, partiendo del diagnóstico oficial de que el esquema de penalizaciones vigente resultaba insuficiente, ya que la baja entidad de los castigos actuales favorecía la repetición de la conducta y minaba la convivencia barrial. De aprobarse la nueva normativa, el texto legal distinguirá formalmente entre aquellos infractores de carácter ocasional y quienes se dedican a organizar, coordinar o lucrar con el cobro ilegal a gran escala, estableciendo agravantes específicos para los casos en los que se verifiquen presiones directas, amenazas, explotación de vulnerabilidad o una marcada persistencia en zonas que muchas veces funcionan como verdaderos territorios tomados por organizaciones delictivas.
La iniciativa legislativa busca dotar a las fuerzas de seguridad y a la justicia contravencional de herramientas más eficaces para disuadir la actividad en los barrios. El resultado de la votación de este jueves marcará el nuevo piso de tolerancia legal para una problemática histórica que tensiona los alrededores de los estadios y centros culturales.

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