1 octubre, 2026

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Nuevo revés para el Gobierno: la Justicia ratificó la intimación por la Ley de Financiamiento Universitario

El juez federal Martín Cormick rechazó el planteo del Ejecutivo y mantuvo el plazo de cinco días para cumplir de manera íntegra con la cautelar. Consideró que los aumentos otorgados son parciales frente a la inflación acumulada y advirtió que persisten incumplimientos en las becas estudiantiles.

La tensión judicial entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario escaló este miércoles, luego de que el juez federal Martín Cormick ratificara la intimación para que el Gobierno cumpla en un plazo de cinco días con la actualización salarial de docentes y no docentes, así como con la recomposición de los programas de becas.

La decisión del titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 se produjo en respuesta a la presentación realizada por la administración nacional, que había cuestionado el requerimiento previo y aseguraba haber dado cumplimiento a la medida cautelar mediante actas paritarias y transferencias. Sin embargo, el magistrado mantuvo firme su postura y explicó que la documentación aportada solo acredita un «cumplimiento parcial» de la normativa.

En los fundamentos de su resolución, Cormick señaló que el Estado no logró respaldar que las actualizaciones salariales hayan sido calculadas conforme al mecanismo previsto por la ley. Tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, el juez indicó que la inflación acumulada entre el 1 de diciembre de 2023 y junio de 2026 alcanzó el 312,19%, un porcentaje que —según evaluó— supera el incremento del 226,8% esgrimido por el Ejecutivo. Frente a esto, el magistrado rechazó también la apelación subsidiaria presentada por el Gobierno y advirtió que, de persistir la desobediencia, se aplicarán sanciones económicas (astreintes) por cada día de demora.

El alcance de la medida abarca los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Mientras el primer punto exige la recomposición salarial del sector universitario, el segundo obliga al restablecimiento y actualización de los diferentes programas de becas destinados a los estudiantes —tales como Progresar, Manuel Belgrano y líneas específicas de enfermería—, un ítem que, según la resolución judicial, tampoco fue acreditado en su totalidad por la Casa Rosada.

Un escenario judicial cada vez más complejo que mantiene en vilo el financiamiento y la paritaria de las universidades nacionales.