22 noviembre, 2026

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Malvinas: Rockhopper compró una participación en una plataforma para avanzar con Sea Lion

En sociedad con la israelí Navitas, la firma compró el 35% de una plataforma flotante por US$44 millones. El plan apunta a extraer crudo en 2028, mientras el Gobierno nacional mantiene demandas internacionales y acciones legales ante el Tribunal del Derecho del Mar.

En medio del histórico reclamo de soberanía que sostiene la Argentina sobre el archipiélago, la empresa británica Rockhopper anunció la adquisición de una participación del 35% en una plataforma flotante destinada a avanzar con el polémico proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas, desafiando de este modo las sanciones impuestas por el Estado nacional.

A través de un comunicado oficial, Rockhopper confirmó la compra por US$44 millones de un 35% en la firma SPV, propietaria de la plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) denominada OSX-1, cuyo valor total asciende a US$125 millones. El proyecto Sea Lion —desarrollado en sociedad con la israelí Navitas, que posee el 65 restante— tiene como meta convertir al yacimiento ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas en el primero en producir crudo en la región hacia marzo de 2028. El plan contempla una inversión inicial de US$1800 millones hasta la obtención del primer barril y otros US$2100 millones para el desarrollo de las fases posteriores, buscando alcanzar una producción de 180.000 barriles diarios a fines de 2030.

Frente a esta avanzada hidrocarburífera, la Argentina ratificó su postura de rechazo al considerar ilegales e unilaterales los permisos otorgados por la administración isleña. En respuesta, el Gobierno nacional inició un proceso inédito en el derecho internacional al demandar a las empresas y a sus accionistas, recurriendo al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) para frenar la explotación inconsulta de recursos naturales en el Atlántico Sur.

Un nuevo frente de tensión geopolítica y judicial que pone a prueba la estrategia soberana de la Argentina frente a los intereses corporativos británicos en las islas.