Durante siete días, el puerto de Buenos Aires y el sistema de transporte Lacroze quedaron inactivos. El saldo de una semana de desabastecimiento y lucha sindical.
La inestabilidad social de 1909 puso a prueba la capacidad logística del Estado nacional. Tras los incidentes del 1 de mayo en Plaza Lorea, la parálisis del sector servicios y transporte obligó al gobierno a negociar condiciones laborales básicas que hasta entonces eran desoídas.
Con un salario obrero promedio de $1,50 diarios y un costo de vida en ascenso (el alquiler de una pieza de conventillo representaba casi un tercio del ingreso), la presión social era insostenible. La huelga afectó directamente a las compañías ferroviarias y de tranvías, mientras que en el puerto la actividad fue nula. La resolución del conflicto llegó el 8 de mayo, cuando el Senado prometió la abolición del Código de Penalidades y la reapertura de locales obreros, marcando un precedente en la negociación colectiva en Argentina.
Aquel conflicto demostró que la estabilidad económica dependía, ya entonces, de un marco regulatorio laboral mínimo.
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