El gobernador bonaerense declinó la convocatoria oficial para la vigilia del 9 de Julio en Tucumán, priorizando su estrategia de confrontación administrativa frente al Ejecutivo nacional. Desde el entorno del mandatario explicaron que su ausencia responde a la falta de voluntad del Gobierno para entablar un diálogo serio sobre el desfinanciamiento que sufre la provincia, subrayando que no participará de puestas en escena mientras persista un esquema de retención de fondos nacionales.
La trastienda de este rechazo está marcada por el reclamo de una deuda que la provincia cifra en 17,8 billones de pesos, un monto que incluye transferencias pendientes y la pérdida de recursos provocada por las recientes reformas fiscales. Kicillof, quien ha formalizado ocho denuncias ante la Corte Suprema de Justicia para intentar recuperar estos activos, sostiene que el ajuste aplicado por la Casa Rosada no es solo una medida económica, sino una decisión política deliberada para asfixiar las arcas bonaerenses.
Los pormenores de la disputa indican que el gobernador no busca confrontar con sus pares peronistas como Jaldo, sino marcar un límite claro ante Javier Milei, a quien le exige —sin éxito hasta la fecha— una reunión técnica para destrabar los pagos adeudados. Para el gobierno provincial, cualquier actividad protocolar sin una agenda de gestión concreta carece de valor institucional en un contexto donde la obra pública y los servicios básicos se ven seriamente comprometidos por la falta de recursos. La estrategia de La Plata se mantiene inalterable: si existe una instancia de interacción con el poder central, esta debe ser exclusivamente para resolver la transferencia de los fondos que, según la administración, son fundamentales para garantizar la estabilidad provincial.
Los equipos técnicos de Economía provincial continuarán con el seguimiento de los litigios judiciales. La oficina de gobierno mantiene la exigencia de una convocatoria formal para tratar el desfinanciamiento estatal.

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