La Federación Argentina de Municipios advierte que el ajuste nacional provocó el cierre de 22.000 empresas y una parálisis en la asistencia alimentaria.
Los representantes de los gobiernos locales de la Argentina unificaron su voz para denunciar una «asfixia financiera» provocada por el Gobierno Nacional. En un documento enviado al Palacio de Hacienda, solicitaron respuestas urgentes ante lo que consideran una «catástrofe social» en desarrollo.
El eje de la protesta radica en la caída del 11% de la coparticipación federal durante el primer trimestre del año. Los intendentes reclaman que el Estado Nacional retiene fondos del impuesto a los combustibles que deberían volver a los distritos para obras y transporte. El informe también hace hincapié en el drama social: el pedido de comida en los municipios creció un 100%, pero la ayuda nacional es nula desde hace dos años. A esto se suma el impacto en los sectores más frágiles, como los jubilados y personas con discapacidad, quienes han visto recortados sus beneficios y acceso a la salud en un contexto de alta inflación tarifaria.
El texto de la FAM concluye exigiendo la garantía de entrega de alimentos y el fortalecimiento de las economías regionales para frenar el cierre de empresas.
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