Los gobernadores Sáenz, Jalil y Sadir defienden en el Congreso un nuevo marco regulatorio que facilite la llegada de capitales extranjeros bajo el RIGI.
Este martes 7 de abril, el Congreso nacional se convierte en el escenario de una puja clave por los recursos naturales. El gobernador salteño Gustavo Sáenz encabeza la comitiva regional para solicitar ajustes en la Ley de Glaciares, alegando que la norma frena inversiones millonarias ya comprometidas.
La estrategia salteña se apoya en la Ley provincial 8451, que adhirió rápidamente al régimen de incentivos nacionales. Con inversiones en evaluación que superan los 10.000 millones de dólares, la provincia exhibe casos de éxito como los proyectos de Posco y Ganfeng Lithium. Sin embargo, el oficialismo provincial sostiene que el actual piso de protección de glaciares impide el despegue total de megaproyectos como Pozuelos-Pastos Grandes, que aspira a producir 150.000 toneladas de carbonato de litio anuales. La urgencia del planteo responde a la ventana de oportunidad que ofrece el RIGI hasta julio de 2027.
El debate en Diputados definirá si se prioriza la estabilidad normativa para las mineras o la preservación estricta de las reservas hídricas de alta montaña.
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