A través de la Resolución 806/2026, el Ministerio de Seguridad Nacional oficializó la creación del sistema para neutralizar comunicaciones ilícitas desde los penales. La adhesión será voluntaria para las provincias y requerirá un trámite centralizado ante las empresas prestadoras.
El Gobierno nacional oficializó la creación del Programa para la Detección y Bloqueo de telefonía móvil en establecimientos penitenciarios, una iniciativa orientada a prevenir, disuadir y neutralizar el uso irregular de dispositivos de comunicación por parte de organizaciones criminales alojadas en centros de detención para planificar delitos. La medida, instrumentada a través de la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de la ministra Alejandra Monteoliva, establece un mecanismo técnico basado en el rastreo del IMEI (código único del aparato), el IMSI (asociado a la tarjeta SIM) y la línea telefónica correspondiente. Una vez detectados los equipos clandestinos dentro de los penales, los datos son remitidos a las compañías de telecomunicaciones para su inhabilitación definitiva.
La implementación del programa contempla que la adhesión de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea de carácter voluntario, debiendo cada jurisdicción asumir los costos operativos de adquisición, instalación y mantenimiento del equipamiento tecnológico. Asimismo, el esquema prevé que el Ministerio de Seguridad Nacional actúe como única ventanilla ante las empresas operadoras para gestionar las solicitudes de bloqueo, lo que impide que los distritos provinciales ordenen bajas directas de manera aislada, centralizando de este modo la coordinación institucional a través de la Subsecretaría de Articulación Federal.
Con esta herramienta, el Ejecutivo busca cortar el flujo de comunicación de las bandas delictivas desde el interior de las cárceles, un reclamo histórico en materia de seguridad pública y prevención del delito.

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