El Instituto Brasileño del Juego Responsable presentó un pedido de carácter urgente para suspender el decreto presidencial que prohíbe la actividad. La asociación advirtió sobre «efectos irreversibles» y la vulneración de derechos adquiridos, en plena antesala del primer turno electoral.
A solo seis días de las elecciones presidenciales, las principales empresas de apuestas deportivas de Brasil interpusieron este lunes un recurso ante la Corte Suprema con el objetivo de frenar la prohibición decretada la semana pasada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El reclamo fue formalizado por el Instituto Brasileño del Juego Responsable (IBJR), la principal asociación del sector, mediante una solicitud urgente en la que advierten que la medida restrictiva puede provocar “efectos irreversibles” incluso antes de que el Congreso alcance a analizarla. La entidad invocó principios jurídicos fundamentales como la libertad económica, la libre competencia y la seguridad jurídica, señalando que la decisión presidencial genera un grave “deterioro” en la confianza institucional y empresarial, dado que las firmas involucradas realizaron inversiones millonarias, pagaron tributos y contrataron personal bajo el paraguas normativo vigente.
La ofensiva legal de las operadoras se desató en vísperas del primer turno de los comicios presidenciales que se celebrarán el próximo domingo, donde Lula buscará su reelección frente al candidato de la derecha dura, Flávio Bolsonaro. Desde el sector enfatizaron que la prohibición frustra los “derechos adquiridos de las operadoras que, de buena fe, creyeron en las promesas regulatorias del Estado”, en alusión directa a la ley aprobada en 2023 que otorgaba permisos por cinco años a las compañías autorizadas. Asimismo, el IBJR cuestionó duramente al Ejecutivo por actuar de forma “unilateral” y desprovista de “criterio técnico”, arrebatándole facultades al poder legislativo en la fijación de políticas públicas.
Por su parte, el mandatario izquierdista justificó la medida al vincular directamente al juego en línea con el endeudamiento crítico de las familias brasileñas. Calificó a la problemática como algo “espeluznante” que le recuerda a los inicios de una crisis financiera masiva, argumentando que las apuestas digitales actuales superan cualquier peligro previo por su accesibilidad inmediata «al alcance de la mano».
El decreto provisional firmado por Lula deberá ahora someterse al análisis del Congreso, órgano que cuenta constitucionalmente con un plazo de 120 días para ratificarlo o rechazarlo. En tanto, desde la vereda opositora, Flávio Bolsonaro descalificó la iniciativa gubernamental y la tildó de «fraude electoral».
Un choque de alta tensión entre la regulación estatal de las plataformas digitales, las garantías económicas y el tablero político brasileño a días de las urnas.
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