El proyecto «Contra el Fraude de Pensiones» busca modificar la Ley de Emergencia. Propone controles socioeconómicos estrictos, elimina la actualización por IPC y prohíbe el trabajo registrado para beneficiarios.
En medio de un clima de tensión política y judicial, el oficialismo ingresó en el Senado un proyecto de ley que pretende reformar sustancialmente el sistema de pensiones por invalidez y discapacidad. La iniciativa, denominada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, plantea un esquema de mayores restricciones y la derogación de artículos clave de la actual Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.
El eje central de la norma es el reempadronamiento obligatorio. De aprobarse, todos los titulares deberán acreditar nuevamente su condición médica y socioeconómica; de lo contrario, sufrirán la suspensión automática del beneficio. Además, el proyecto establece la «incompatibilidad absoluta» entre la pensión y cualquier empleo formal, eliminando la posibilidad de que las personas con discapacidad se inserten en el mercado laboral registrado sin perder la ayuda estatal.
Otro punto polémico es la eliminación del nomenclador de prestaciones y la supresión de la actualización automática trimestral por inflación, fijando el haber en un 70% de la jubilación mínima sin adicionales por zona desfavorable.
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