El diputado Oscar Liberman presentó un proyecto para sustituir gradualmente el tributo por el Impuesto Provincial al Consumo Final. La iniciativa establece una transición de hasta cinco años, una alícuota general máxima del 6,25% y mecanismos de compensación para municipios y contribuyentes.
La discusión sobre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos volvió al centro de la agenda política bonaerense. Esta vez, con una propuesta concreta de La Libertad Avanza: reemplazarlo de manera progresiva por un gravamen que se aplique únicamente cuando los bienes o servicios lleguen al consumidor final.
El proyecto fue presentado por el diputado provincial Oscar Liberman y propone crear el Impuesto Provincial al Consumo Final (IPCF). La diferencia central con el régimen vigente es dónde se cobraría: mientras Ingresos Brutos alcanza distintas etapas de la actividad económica, el nuevo tributo se concentraría en la operación final de venta.
La iniciativa no plantea una eliminación inmediata. Establece un período de transición de hasta cinco años, durante el cual las actividades irían migrando al nuevo sistema. El objetivo declarado es reducir la acumulación de cargas impositivas en la cadena productiva sin provocar una caída de la recaudación provincial.
Qué impuesto propone crear Oscar Liberman
El nuevo gravamen se denominaría Impuesto Provincial al Consumo Final y alcanzaría el precio neto de las operaciones de venta de bienes y servicios destinadas al consumidor final.
En cambio, quedarían excluidas las operaciones intermedias vinculadas con la producción, la transformación y la reventa. De esa manera, una empresa que vende insumos a otra compañía no pagaría el nuevo impuesto por esa operación: el cobro se produciría cuando el bien o servicio llegue al consumidor final.
El proyecto fija una alícuota general máxima del 6,25%. Los fundamentos de la iniciativa, elaborados con datos de 2025, estiman que una tasa del 6,11% permitiría mantener un nivel de recaudación equivalente al actual. También contempla alícuotas reducidas para medicamentos, insumos sanitarios y transporte público, además de reintegros focalizados para hogares de menores ingresos.
Cómo busca evitar el efecto cascada de Ingresos Brutos
Uno de los principales argumentos de Liberman es que Ingresos Brutos se cobra sobre la facturación de las empresas en diferentes etapas de la actividad económica, sin depender directamente de que hayan obtenido ganancias.
El recorrido puede involucrar a una empresa que compra materias primas, contrata servicios, terceriza parte de la producción y vende el resultado a un distribuidor. Cada operación puede generar una obligación tributaria y ese costo puede incorporarse al precio de la siguiente etapa.
A ese mecanismo se lo conoce como efecto cascada: el impuesto se acumula a lo largo de la cadena y puede terminar impactando en el precio que paga el consumidor.
El IPCF buscaría modificar esa lógica. Para identificar las operaciones intermedias que no deberían tributar, el proyecto incorpora un Certificado de Reventa Digital, destinado a distinguir las transacciones que forman parte de la cadena comercial o productiva de aquellas que representan una venta final.
La propuesta también contempla el reconocimiento de los saldos a favor acumulados por los contribuyentes bajo el régimen de Ingresos Brutos. Esos créditos podrían utilizarse para compensar otras obligaciones tributarias o solicitarse en devolución, de acuerdo con las condiciones previstas. Infobae+1
Una transición de hasta cinco años y compensaciones para los municipios
El reemplazo no se realizaría de un día para otro. El proyecto establece un plazo máximo de cinco años para completar la migración al nuevo esquema.
Durante ese período, deberían incorporarse cada año actividades que representen, como mínimo, el 20% de la recaudación de Ingresos Brutos del ejercicio anterior. A medida que cada sector ingrese al IPCF, dejaría de tributar bajo el régimen anterior. Además, el texto establece que una misma operación no podrá quedar alcanzada simultáneamente por ambos impuestos.
La iniciativa también incorpora medidas para evitar que el cambio perjudique las finanzas municipales. El nuevo tributo integraría la masa coparticipable y se crearía un Fondo de Compensación Municipal, destinado a asistir durante los primeros tres años a los distritos que registren una caída de recursos vinculada con la transición.
¿Bajarían los precios o cambiaría quién paga el impuesto?
El impacto sobre los precios es uno de los puntos centrales del debate. Desde la perspectiva de Liberman, eliminar la acumulación de Ingresos Brutos podría reducir costos de producción y comercialización, y compensar el efecto de aplicar un gravamen en la venta final.
Sin embargo, una reducción de precios no está garantizada por el solo hecho de cambiar el impuesto. El resultado dependerá de las alícuotas definitivas, de cómo se trasladen los costos a lo largo de la cadena y de la respuesta de empresas y comercios.
También habrá que evaluar si la recaudación estimada puede sostenerse durante la transición y cómo se distribuye la carga entre los distintos sectores y consumidores. El 6,11% mencionado en los fundamentos es una estimación basada en datos de 2025, no una tasa definitiva ni una garantía de neutralidad fiscal.
El proyecto, por lo tanto, abre una discusión que excede la crítica al tributo vigente: plantea modificar la estructura de un impuesto provincial que constituye una fuente relevante de ingresos para el Estado bonaerense.
Qué falta para que la reforma avance
La iniciativa deberá atravesar el tratamiento en las comisiones de la Legislatura bonaerense antes de llegar al recinto. Su presentación no implica que el cambio esté aprobado ni que exista una fecha definida para su implementación.
El debate legislativo deberá abordar tanto la viabilidad fiscal del nuevo esquema como sus efectos sobre los municipios, los contribuyentes y los consumidores. También será clave discutir los mecanismos de control de las operaciones intermedias y las condiciones para reconocer los saldos a favor acumulados.
Liberman sostiene que el sistema actual castiga la producción y encarece los bienes y servicios. La discusión que se abre ahora es si el impuesto propuesto puede reemplazar esa fuente de recursos sin trasladar costos inesperados a otros sectores ni comprometer las cuentas provinciales y municipales.
Por ahora, el IPCF es un proyecto de La Libertad Avanza. Su futuro dependerá de que consiga ingresar en la agenda parlamentaria y reunir los consensos necesarios para convertirse en ley.

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