22 noviembre, 2026

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Con el respaldo de sus aliados, Milei avanza con el Presupuesto 2027 y deja a las universidades en rojo

La Libertad Avanza consiguió dictamen de mayoría para el proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, con 27 firmas y el respaldo de bloques aliados. El oficialismo aceptó modificaciones en los capítulos de discapacidad y asignaciones familiares para destrabar las negociaciones, pero no incorporó un aumento para las universidades nacionales. El proyecto apunta a llegar al recinto el miércoles 25 de noviembre, en una votación que todavía dependerá de nuevos acuerdos políticos.

El Gobierno de Javier Milei consiguió avanzar con uno de los proyectos centrales de su agenda económica: el Presupuesto 2027. Después de varias semanas de negociaciones con bloques dialoguistas, La Libertad Avanza (LLA) reunió las firmas necesarias para obtener dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

El despacho consiguió 27 firmas sobre 48 legisladores presentes. Veinte correspondieron al oficialismo y siete a representantes de otras fuerzas políticas. El acompañamiento incluyó al PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y legisladores de espacios provinciales.

Sin embargo, el respaldo no fue uniforme: varios aliados firmaron con disidencias parciales, una señal de que las negociaciones no terminaron con la aprobación del dictamen. Provincias Unidas y Unión por la Patria presentaron posiciones alternativas, mientras que otros sectores tampoco acompañaron el despacho oficialista.

El resultado representa un avance parlamentario para la Casa Rosada, aunque obtener dictamen no garantiza los votos necesarios para aprobar el proyecto en el recinto. La discusión se trasladará ahora a la búsqueda de mayorías para sostener los principales artículos de la iniciativa.

Universidades: el ajuste que sobrevivió a las negociaciones

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto continúa siendo el financiamiento de las universidades nacionales. Pese a los reclamos del sistema universitario y las negociaciones con los bloques aliados, el oficialismo no incorporó una ampliación de las partidas destinadas al sector.

El proyecto contempla aproximadamente $7,3 billones para las universidades durante 2027, mientras que las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estimaron que serían necesarios alrededor de $11 billones para cubrir las necesidades presupuestarias del sistema.

La diferencia supera los $3,7 billones y vuelve a poner en discusión la capacidad de las casas de estudio para sostener salarios, gastos de funcionamiento, investigación y actividades académicas.

Durante el debate, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó a los legisladores que acompañaron el dictamen y puso en duda que los recursos previstos alcancen para garantizar el funcionamiento de las instituciones.

La discusión no es nueva. El financiamiento universitario se convirtió en uno de los principales focos de conflicto entre el Gobierno y la comunidad educativa, con reclamos por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el deterioro de los presupuestos operativos.

La decisión de mantener las partidas sin una ampliación sustancial muestra que, en la negociación presupuestaria, el reclamo universitario quedó relegado frente a otras demandas que sí encontraron respuesta en el texto.

Discapacidad: el Gobierno retrocedió ante la presión política

A diferencia de lo ocurrido con las universidades, el capítulo de discapacidad sí registró modificaciones importantes.

Después de los cuestionamientos de organizaciones, prestadores y legisladores de distintos espacios políticos, el oficialismo aceptó retirar los artículos que modificaban aspectos centrales del régimen de prestaciones y pensiones por discapacidad.

La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado explicó que se incorporaron cambios para garantizar el financiamiento de los programas vinculados al sector. Entre ellos, se incluyó un mecanismo para que los gastos correspondientes sean afrontados por el Ministerio de Salud, con el mayor nivel de desagregación presupuestaria posible.

El retroceso oficialista llegó después de una fuerte controversia política y social por las modificaciones que el proyecto original pretendía introducir en el sistema de protección de las personas con discapacidad.

No obstante, desde la oposición advirtieron que identificar partidas presupuestarias no necesariamente garantiza que los recursos sean suficientes. La discusión sobre los mecanismos concretos de financiamiento continuará vinculada al tratamiento de la legislación específica del sector.

AUH: se mantuvo la actualización automática

Otro de los puntos que generó controversia durante las negociaciones fue el mecanismo de actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares.

El proyecto original contemplaba modificar la fórmula de actualización automática vinculada a la inflación. Sin embargo, tras los reclamos de los bloques aliados, ese cambio fue retirado del texto que obtuvo dictamen.

De esta manera, se mantiene el esquema de actualización automática vigente, un punto que también formó parte de las concesiones necesarias para conseguir el respaldo parlamentario.

La modificación constituye otro ejemplo de cómo el oficialismo debió revisar aspectos de su propuesta original para evitar que las diferencias con sus aliados pusieran en riesgo el avance del Presupuesto.

Los acuerdos políticos detrás del dictamen

El PRO, la UCR y distintos bloques provinciales fueron determinantes para que La Libertad Avanza consiguiera las firmas necesarias.

Entre los compromisos discutidos también aparecieron reclamos por fondos de coparticipación, obras de infraestructura, concesiones viales y beneficios impositivos para determinados sectores productivos.

Algunos de esos entendimientos todavía no quedaron plasmados de manera definitiva en el texto presupuestario. Por eso, una parte de la negociación se sostiene sobre compromisos políticos cuya implementación deberá verificarse durante el tratamiento legislativo y, eventualmente, durante la ejecución del presupuesto.

El oficialismo también incorporó propuestas vinculadas a la transparencia en las concesiones viales, un régimen para billeteras virtuales y la prórroga de la ley de promoción de autopartes.

La situación vuelve a exhibir una de las principales dificultades parlamentarias del Gobierno: aunque logró consolidar un bloque de aliados para avanzar con su agenda, necesita negociar concesiones concretas para conseguir respaldo en los temas más sensibles.

Cuándo se tratará el Presupuesto 2027 en Diputados

Con el dictamen de mayoría conseguido, La Libertad Avanza busca llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados el miércoles 25 de noviembre de 2026.

La fecha es importante porque el resultado de esa votación marcará el siguiente paso del recorrido legislativo del Presupuesto y la capacidad del Gobierno para sostener su programa económico con respaldo parlamentario.

La discusión también tendrá una dimensión política de mayor alcance: el Presupuesto 2027 será una de las principales herramientas de gestión del oficialismo en la antesala de las elecciones presidenciales de 2027.

En ese escenario, las prioridades presupuestarias, el financiamiento de la educación pública y las concesiones realizadas a los gobernadores y bloques aliados volverán a quedar bajo la lupa.