22 noviembre, 2026

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El juicio contra el ex de Lourdes Fernández: las acusaciones y el concepto psicológico que atraviesa la causa

La integrante de Bandana fue convocada como testigo este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 11, en el proceso contra Leandro García Gómez, acusado de siete hechos vinculados con lesiones, privación ilegítima de la libertad y amenazas. El expediente incorpora informes profesionales que describen una dinámica de violencia de género prolongada, naturalización de las agresiones y dependencia emocional.

La cantante Lourdes Fernández, integrante de Bandana, debe declarar este martes 17 de noviembre en el juicio oral contra su expareja, Leandro García Gómez. La audiencia está prevista para las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se investigan distintos episodios de presunta violencia de género ocurridos entre 2024 y 2025.

El proceso comenzó el 3 de noviembre y tiene como acusado a García Gómez, quien permanece detenido en el penal de Ezeiza. La fiscalía le atribuye siete hechos: dos episodios de lesiones leves agravadas, dos de privación ilegítima de la libertad agravada y tres de amenazas coactivas.

Durante la primera audiencia, el acusado no respondió sobre los hechos investigados y se remitió a declaraciones anteriores en las que rechazó las imputaciones. Según la información publicada sobre el expediente, la expectativa de pena podría alcanzar los 28 años de prisión, de acuerdo con la acumulación de las figuras penales atribuidas.

Uno de los aspectos centrales del proceso es que la causa avanzó pese a que Fernández manifestó en distintas oportunidades que no quería denunciar a su expareja, entre otros motivos, para evitar perjudicarlo. Frente a esa situación, el Ministerio Público Fiscal consideró que existían elementos suficientes para continuar la investigación de oficio, atendiendo a la gravedad de los hechos y al interés público comprometido.

La declaración de la artista se producirá en un contexto judicial en el que los informes interdisciplinarios tienen un papel relevante para comprender la dinámica de la relación y las dificultades que pueden aparecer al momento de reconocer y denunciar situaciones de violencia.

Qué es el «entrampamiento vincular»

Uno de los conceptos más importantes incorporados al requerimiento de elevación a juicio es el de «entrampamiento vincular». La expresión describe una dinámica relacional en la que la dependencia afectiva, la manipulación, el control y la naturalización de las agresiones pueden dificultar que una persona reconozca la violencia que atraviesa o consiga salir de esa situación.

Para explicar este fenómeno, la psicóloga Daniela Gasparini, especialista en género, violencia y trata de personas, señaló que la exposición prolongada a situaciones violentas puede alterar la manera en que una mujer interpreta su propia relación.

Según explicó, las agresiones pueden incorporarse progresivamente a la vida cotidiana y confundirse con manifestaciones de amor, celos o características de personalidad de la pareja. El aislamiento, la manipulación emocional y la expectativa de que el agresor cambie también pueden debilitar la autonomía y dificultar la búsqueda de ayuda.

En el expediente de Fernández se incorporó una entrevista realizada por profesionales de la Línea 137 después de la detención de García Gómez, el 23 de octubre de 2025. En aquella oportunidad, la cantante reconoció antecedentes de violencia, aunque negó estar siendo agredida en ese momento.

«Para mí, mi única familia es él. Él me niega con sus hijas y con su familia, pero igual lo quiero mucho y quiero estar con él», expresó durante esa entrevista.

Posteriormente, profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia identificaron indicadores de una percepción del riesgo disminuida y de naturalización de la violencia.

El informe describió la situación como un «entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada» y calificó el riesgo como alto.

La culpa y la dificultad de reconocerse como víctima

En noviembre de 2025, durante una entrevista televisiva, Fernández pronunció una frase que generó repercusiones: «No me siento víctima, me siento responsable».

La expresión fue retomada en el análisis de la especialista, quien explicó que la culpa puede aparecer con frecuencia en relaciones atravesadas por violencia de género. En contextos de desigualdad y manipulación, la persona agredida puede terminar atribuyéndose responsabilidad por las agresiones que recibe o interpretando el vínculo como un conflicto de pareja en el que ambas partes tienen la misma responsabilidad.

Gasparini también se refirió a los mecanismos de disociación que pueden desarrollarse frente a experiencias traumáticas prolongadas. Se trata de respuestas psicológicas que pueden generar desconexión emocional, fragmentación de recuerdos y dificultades para reconstruir determinados episodios.

Estas consecuencias pueden repercutir en los testimonios judiciales, que en ocasiones presentan lagunas, contradicciones o relatos desordenados. La especialista advirtió que esas características no deben interpretarse automáticamente como falta de credibilidad.

En ese sentido, sostuvo que la Justicia debe escuchar a las mujeres sin revictimizarlas y comprender los posibles efectos psicológicos de la violencia sostenida, sin perder de vista la necesidad de evaluar cada testimonio junto con el resto de las pruebas.

De qué se acusa a la expareja de Lourdes Fernández

La fiscalía atribuye a García Gómez siete hechos presuntamente cometidos entre marzo de 2024 y octubre de 2025.

Entre los episodios incorporados a la acusación figura una amenaza realizada en marzo de 2024 contra una amiga de Fernández, a quien habría intentado intimidar para impedir que interviniera en la relación.

Otro de los hechos investigados ocurrió el 19 de enero de 2025. Según la reconstrucción fiscal, después de revisar el teléfono de la cantante durante una discusión por celos, el acusado la habría tomado del cabello, arrastrado y provocado lesiones en el rostro, un brazo y el cuello.

La acusación también contempla un episodio ocurrido entre el 1° y el 2 de octubre de 2025, cuando García Gómez presuntamente volvió a agredirla, le dio patadas en las costillas y la mantuvo encerrada en su departamento, sin acceso a las llaves ni al cargador de su teléfono.

A estos hechos se suman dos presuntas amenazas coactivas contra una mujer cercana a la artista, ocurridas el 6 y el 17 de octubre.

Finalmente, la fiscalía sostiene que entre el 17 y el 23 de octubre de 2025 Fernández permaneció privada de su libertad mediante intimidación y coacción. La cantante negó haber estado retenida, pero la acusación incorporó otros testimonios e informes profesionales para sostener esa imputación.

García Gómez rechazó las acusaciones y sostuvo que las lesiones registradas en octubre se produjeron a raíz de una caída. En sus declaraciones anteriores describió la relación como un vínculo de «idas y vueltas» y afirmó que ambos estaban enamorados e intentaban recomponer la pareja.

Es importante señalar que se trata de imputaciones que deberán ser evaluadas por el tribunal durante el debate oral. La responsabilidad penal del acusado todavía debe determinarse judicialmente.

El antecedente judicial de 2022

El expediente actual también reconstruye un proceso anterior iniciado por un episodio ocurrido el 24 de noviembre de 2022.

En aquella oportunidad, Fernández denunció a García Gómez, se presentó como querellante y acompañó la acusación fiscal. Sin embargo, posteriormente manifestó que no quería continuar con el juicio debido a las consecuencias que una eventual condena podía tener para su expareja.

El 4 de junio de 2024, la fiscalía desistió de la acción penal y García Gómez fue sobreseído en esa causa.

En el proceso actual, la fiscal Silvana Russi consideró que la reticencia de la cantante a denunciar debía analizarse dentro del contexto de violencia investigado. Por ese motivo, el Ministerio Público Fiscal impulsó la continuidad de la investigación de oficio, con fundamento en las disposiciones del artículo 72 del Código Penal.

El juicio deberá establecer qué ocurrió en cada uno de los episodios denunciados y determinar si las pruebas reunidas permiten acreditar las responsabilidades penales atribuidas.

La declaración de Fernández constituye una instancia relevante del debate, pero también vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que excede este caso: las dificultades que pueden atravesar las personas sometidas a violencia sostenida para identificarla, pedir ayuda y romper con esos vínculos.