El Gobierno busca modificar artículos de la ley de discapacidad en el Presupuesto 2027

El oficialismo incluyó cambios que desregulan aranceles, quitan garantías de cobertura, reinstalan la invalidez laboral y recortan la emergencia. La iniciativa desató fuertes cruces con bloques dialoguistas y obligó al Ejecutivo a evaluar modificaciones.

Una fuerte polémica se desató en el ámbito legislativo luego de que se conociera que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo nacional contempla una serie de reformas estructurales que desarman los pilares centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad, alterando el nomenclador, eliminando garantías de cobertura y reinstalando criterios restrictivos de invalidez laboral.

La sorpresiva incorporación del articulado causó desconcierto e inquietud tanto en los bloques dialoguistas aliados como entre prestadores y familias del sector, quienes advierten sobre un grave retroceso en materia de derechos conquistados. Entre los puntos más sensibles de la iniciativa se destaca el regreso al modelo de pensión por invalidez equivalente al 70% de la jubilación mínima, una modificación que rompe la compatibilidad entre el empleo formal y la percepción del beneficio para quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), al tiempo que elimina la vía directa para su acceso, dejándola supeditada a la órbita del Poder Ejecutivo. En la misma línea, el diputado Juan Marino advirtió que la reforma «destruye la estructura de derechos», mientras que su par Maximiliano Ferraro cuestionó la eliminación de los aranceles universales del nomenclador, alertando que cada obra social o prepaga fijará valores propios, instaurando un esquema «fragmentado, discrecional e incierto».

La reforma también prevé la derogación de garantías de acceso al programa médico de atención para titulares de pensiones no contributivas y la modificación en los criterios de actualización de las prestaciones básicas. El malestar escaló rápidamente en el plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto, donde referentes de la UCR y del PRO —encabezados por el espacio de Cristian Ritondo— reclamaron explicaciones y exigieron priorizar un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas, que superan los $340.000 millones. Frente al inminente costo político y el rechazo generalizado, legisladores oficialistas como Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici deslizaron que los artículos podrían ser eliminados o revisados en la redacción final de cara a la firma del dictamen prevista para el próximo 23 de septiembre, en un contexto donde el sector reclama previsibilidad ante el vencimiento de la emergencia vigente hasta el 31 de diciembre.

De este modo, el oficialismo afronta una compleja negociación en el parlamento para evitar que las rispideces en torno al área social obstaculicen la sanción de la ley de leyes.