El Gobierno amplía la ofensiva judicial por el petróleo en Malvinas: ya hay 60 investigados

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo ampliará las acciones judiciales por la exploración hidrocarburífera en el archipiélago. La medida alcanza a otras cinco firmas y suma un total de 60 sujetos investigados bajo la Ley 26.659.

El Gobierno nacional anunció este miércoles que presentará nuevas denuncias penales contra empresas que operan de manera irregular en actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, advirtiendo que las acciones judiciales no se limitarán a las corporaciones, sino que alcanzarán directamente a directores, gerentes, administradores y representantes legales.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Oficina del Presidente, las medidas derivarán tanto en la ampliación de expedientes en curso como en la apertura de nuevas causas para responsabilizar a quienes vulneren la soberanía nacional sobre el archipiélago.

• Las empresas involucradas: Según fuentes oficiales consignadas por TN, la nueva tanda de denuncias recaerá sobre cinco firmas específicas: Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited.
• Antecedentes inmediatos: Esta presentación se acopla a la primera denuncia penal impulsada este lunes por la Cancillería —conducida por Pablo Quirno— y el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, en el marco de la escalada desatada tras la cadena nacional del presidente Javier Milei sobre el proyecto petrolero Sea Lion. En dicha ocasión, las medidas afectaron a Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas.
• Sanciones y marco legal: Con estas nuevas acciones, ya son 60 las personas humanas y jurídicas bajo procedimientos sancionatorios por infringir la Ley 26.659 (sancionada en 2011), la cual prohíbe realizar exploraciones sin habilitación argentina y prevé inhabilitaciones de entre 5 y 20 años, un proceso que el Ejecutivo busca agilizar a través del reciente Decreto 868/2026.

De este modo, la administración central endurece su ofensiva legal y administrativa contra las compañías extranjeras y sus directivos que operan en la plataforma continental sin el aval del Estado argentino.