A través del Decreto 875/2026, el Poder Ejecutivo estableció los mecanismos de aplicación federal para adolescentes imputados. Se prevé un registro de profesionales, penas alternativas a la prisión y un tope máximo de 15 años de encierro.
El Gobierno nacional publicó este lunes en el Boletín Oficial la reglamentación del Régimen Penal Juvenil —establecido por la Ley 27.801—, la cual fija los lineamientos operativos para procesar judicialmente a adolescentes de entre 14 y 18 años acusados de cometer delitos.
La normativa, instrumentada mediante el Decreto 875/2026 y firmada el pasado 4 de septiembre, designa al Ministerio de Justicia de la Nación como la autoridad de aplicación en el ámbito federal y nacional, coordinando las medidas con las distintas provincias. Si bien la fijación de los 14 años como límite de imputabilidad al momento del hecho fue establecida por el Congreso, el decreto detalla ahora cómo se articularán las respuestas judiciales orientadas a fomentar la responsabilidad legal, la educación y la resocialización de los jóvenes.
El esquema no contempla la prisión como única alternativa, permitiendo aplicar sanciones como amonestaciones, restricciones de contacto, servicios a la comunidad, monitoreo electrónico o reparación del daño. En los casos más graves donde se dicte una pena privativa de la libertad, quedan prohibidas la reclusión perpetua o la prisión perpetua, estableciéndose un tope máximo de 15 años de condena.
Entre las figuras clave de la reglamentación se destaca la creación del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, integrado por profesionales de la psicología, el trabajo social, la educación o la pedagogía con al menos dos años de experiencia y capacitación obligatoria. Estos especialistas tendrán la tarea de realizar entrevistas semanales y emitir informes mensuales sobre la evolución del menor. Asimismo, la normativa instruye al Ministerio de Justicia para que disponga equipos interdisciplinarios y coordine junto a la Defensoría General de la Nación el acceso a un patrocinio jurídico gratuito para las víctimas.
De este modo, la administración central pone en marcha los engranajes institucionales de una reforma penal largamente debatida, buscando equilibrar el rigor de la ley con un seguimiento socioeducativo especializado
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