Cinco ciudadanos venezolanos se presentaron ante una corte federal por el asesinato de seis familiares a manos de las FAES. El exmandatario continúa detenido en EE. UU. a la espera de su juicio principal.
El inicio de acciones legales civiles y penales en tribunales extranjeros contra exjefes de Estado bajo arresto plantea un escenario complejo en materia de jurisdicción universal y crímenes de lesa humanidad. Cuando los ordenamientos nacionales abren sus fueros para juzgar violaciones graves ocurridas fuera de sus fronteras territoriales, se fortalecen los mecanismos de justicia transicional y rendición de cuentas, quebrando los esquemas tradicionales de inmunidad soberana que históricamente ampararon a los mandatarios de facto.
Este martes 30 de junio, un grupo de cinco ciudadanos venezolanos formalizó una denuncia contra el derrocado presidente Nicolás Maduro ante una corte federal del Distrito Este de Nueva York. La presentación judicial acusa formalmente a Maduro de haber ordenado y coordinado la ejecución extrajudicial de seis familiares —cinco jóvenes y un adolescente— a través de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) entre los años 2017 y 2021. El documento se hizo público a pocos días de cumplirse seis meses del operativo militar del 3 de enero de 2026, mediante el cual las fuerzas armadas estadounidenses capturaron a Maduro en Caracas para juzgarlo por narcoterrorismo.
Los denunciantes, cuyas identidades permanecen en reserva por seguridad, exigen una indemnización económica y la tipificación formal de los asesinatos como violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
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