El Jefe de Gobierno porteño firmó un decreto para transformar la asistencia en capacitación laboral. La medida alcanza a 5.000 beneficiarios y establece un límite temporal de un año.
Bajo la premisa de eliminar la intermediación en la ayuda estatal, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó este lunes una reforma estructural en su política social. El nuevo esquema busca reemplazar el asistencialismo directo por herramientas de inserción en el mercado de trabajo privado.
La iniciativa, resumida por el mandatario bajo el lema «Chau intermediarios», implica la baja de 85 convenios previos y un ahorro proyectado tras detectar más de 1.200 irregularidades en el padrón. El proceso de transición durará doce meses, período en el cual los beneficiarios deberán formarse para alcanzar la autonomía económica. Según fuentes oficiales, el sistema anterior demandaba una inversión anual de 10 mil millones de pesos que ahora se reorientarán a la generación de puestos de trabajo genuinos.
Con esta decisión, la gestión porteña busca cerrar un ciclo de dos décadas de políticas subsidiarias, apostando a un vínculo directo entre el Estado, el beneficiario y las empresas contratantes.
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